La Fiscalía de Tarragona sospecha que algunas residencias de personas mayores no tratan los residuos que pueden estar infectados de COVID-19 de forma especial y los tiran con el resto de la basura. Ante ello, el Ministerio Público ha abierto diligencias y ha instado a todos los cuerpos policiales que estén en alerta. Asimismo, ha solicitado a la Guardia Civil que investigue estas prácticas.
La actuación de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Tarragona viene a raíz de un oficio enviado por el fiscal de la Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher. En el mismo se indica la necesidad de controlar la problemática del coronavirus y especialmente los residuos (pañuelos, ropa, mascarillas, pañales, etc.) que puedan estar contaminados.
El oficio, que consta de dos páginas y tiene fecha del pasado 26 de marzo, recuerda que el Ministerio de Sanidad estableció una serie de instrucciones sobre la gestión de residuos relacionados con la COVID-19 procedentes de domicilios así como de hospitales, ambulancias, centros de salud o laboratorios. En este sentido, debido a los peligros que entraña el coronavirus y de sus consecuencias en el medio ambiente y en la salud de las personas, insta a los fiscales territoriales de medio ambiente para que los diferentes cuerpos policiales vigilen por el «correcto seguimiento del contenido de la citada orden en lo relativo al tratamiento, gestión y disposición de los residuos controvertidos».
Añade la instrucción que considerando la peligrosidad de este tipo de residuos «no va a ser necesario, en principio, informes técnicos al respecto». Finalmente, se pide a los fiscales territoriales que se comuniquen a la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado la apertura de investigaciones.
El fiscal de Medio Ambiente de Tarragona, Ignacio Monreal, confirmaba al Diari la apertura de diligencias preprocesales, «si a raíz de las mismas se detectan infracciones, se incoarán diligencias de investigación. Hasta ahora solo es controlar lo que se está haciendo». De todas formas, añadió que tiene sospechas de que algunas residencias no cumplen con la normativa de tratamiento de estos residuos «y ello podría constituir un delito». Lo misma pasaría si se detecta esta práctica en hospitales o domicilios particulares.
El fiscal ha remitido estas instrucciones a las policías locales de Tarragona, Reus y Tortosa, a los Mossos d’Esquadra, al Cos d’Agents Rurals y a la Guardia Civil. En particular, encargó a este último cuerpo policial la vigilancia de la gestión y control de residuos en las residencias de gente mayor de la demarcación.
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