La patronal alerta del impacto en los precios del futuro Decreto de Residuos de Envases

En tres erres (reducir, reciclar, reutilizar) caben 8.000 millones de euros, 2.400 empresas, 25.000 empleos y una polémica de calado porque está en marcha una nueva regulación sobre envases que ha pillado a contrapié a compañías de alimentación, distribución y hostelería. La ley de residuos aprobada en marzo y el decreto que la acompaña (en tramitación) intentan sacar a España del podio de la mala gestión de los desechos con nuevos impuestos para el plástico no reutilizable, más obligaciones para los productores y la eliminación del 20% de las botellas de plástico en cinco años. Todos los afectados coinciden en la bondad de los objetivos, pero critican los plazos y advierten de que tendrá un impacto en los precios y en las pequeñas y medianas empresas. El gran objetivo es cumplir con las directivas europeas. Para el 31 de diciembre de 2025 deberá reciclarse, como mínimo, el 65% en peso de todos los residuos de envases, cifra que aumenta al 70% a 31 de diciembre de 2030.
Dos de las principales medidas contenidas en el borrador del decreto son la reducción de botellas de plástico de un solo uso en un 20% en 2030 (un primer borrador contempló el 50%) y la prohibición de envasar frutas de menos de 1,5 kilos. El texto debe ser aprobado antes de fin de año para cumplir los hitos del Plan de Recuperación y recibir fondos europeos. El proceso no es fácil porque España es adicta al plástico. Julio Barea, responsable de la campaña de residuos de Greenpeace, asegura que se venden cada día 50 millones de envases de bebidas, de los cuales 35 millones no se reciclan. España es el cuarto país de la UE con mayor demanda de plásticos. Por eso, sostiene Barea, “el usar y tirar se tiene que acabar”.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada en marzo sigue esa senda para reducir un 15% la generación de residuos en 2030 respecto a los niveles de 2010. La norma grava los plásticos de usar y tirar (690 millones) y recoge la llamada responsabilidad ampliada del productor (RAP), de forma que quien venda un producto asuma la gestión del residuo que genere. Un RAP con coste. Exactamente 1.150 millones, según un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi). Si la ley preocupó a los sectores y empresas afectados, el decreto de acompañamiento ha encendido las alarmas. La norma enviada a Bruselas para su examen prevé la reutilización de envases en el denominado canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y también en los hogares, aunque en menores porcentajes, lo que, según las empresas, va más allá de lo previsto en la legislación europea. Las empresas tendrán que recoger, limpiar y rellenar envases.
Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), explica que estamos “en un momento tremendamente delicado, provocado, entre otras cuestiones, por el insostenible aumento de los precios energéticos y la falta de muchos productos como consecuencia de la invasión de Ucrania”. Por ello, cree que “es el momento de acompasar cualquier medida legislativa a la situación actual”. “Pedimos al Gobierno”, concluye, “que no vaya más allá de las medidas contempladas en las directivas europeas, para poder hacer compatible sostenibilidad y competitividad”. Javier Serrano, consultor de Afi, detalla que el grueso del impacto económico de la normativa —hasta 8.000 millones en conjunto— se debe a la obligación de reutilizar los envases. El objetivo es que en 2030 se reutilicen el 60% de los envases de agua, el 90% en la cerveza y el 80% en los refrescos. El esfuerzo costará 4.670 millones, según Serrano. A la cuenta hay que añadir otros 1.000 millones por reducir en un 20% los envases de usar y tirar. El plan afectará a empresas grandes y pequeñas (en torno a 2.400) y, especialmente, a las comunidades de Cataluña, Andalucía y Castilla y León, en las que se ubican importantes embotelladoras.
Todos los afectados consideran que el ministerio se lo tiene que tomar con más calma. Coinciden en que no es el momento de aplicar nuevos impuestos.
[Esta noticia fue publicada originalmente en El País. Lee el original aquí]

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