La exportación de residuos a países en desarrollo se ha convertido en uno de los escándalos más importantes de los últimos tiempos en la lucha mundial contra la contaminación. El caso de los contenedores con residuos procedentes de España interceptados en Malasia es sólo la punta del iceberg de un problema de proporciones insospechadas.
Uno de los casos más recientes de esta polémica (y en muchos casos, ilegal) exportación de residuos se ha producido en el Reino Unido, donde el pasado 20 de junio la empresa Biffa Waste Services Ltd fue considerada culpable por el jurado de la Wood Green Crown Court, en el norte de Londres, por vulneración de la normativa sobre gestión de residuos.
Los datos aportados en este caso que se remonta a 2015 parecen más que evidente pero el juez de esta demarcación, no obstante, decidió aplazar la publicación de la sentencia cuatro semanas a la espera de una revisión de los cargos. El trámite judicial es sin duda complejo pese a que los cargos expuestos por la Agencia del Medioambiente serían considerados más que suficientes para condenar a la empresa exportadora.
Según los informes periciales presentados en esta causa, Biffa Waste fue descubierta cuando exportaba a China contenedores supuestamente cargados con restos de papel destinados al reciclaje, en los que se escondían residuos de todo tipo y condición. Entre los desperdicios no reciclables escondidos en los contenedores se encontraban grandes cantidades de pañales usados, zapatos viejos, bolsas de plástico, calcetines, toallas y material eléctrico.
Los contenedores descubiertos tenían en su interior “residuos contaminados que probablemente habrían sido descartado por el país receptor, con un gran riesgo y costo para el medio ambiente y las personas”, indicaba el veredicto ahora pendiente de ratificación. La decisión judicial deberá tener en cuenta algunas lagunas legales existentes en países como Reino Unido sobre las condiciones exigibles a la exportación de residuos.
El caso ahora pendiente de sentencia, como se ha indicado, se remonta a 2015 cuando todavía no había entrado en vigor la prohibición de importación de residuos dictada por las autoridades de China
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