La basura engulle lentamente el poblado chabolista más grande de Monrovia

Cada vez que vuelve a la playa, los ojos de Confort Nyenetue se paran en el marco de una puerta que la vio crecer. La casa que construyó su madre hace 30 años está ahora en ruinas, con escombros en su interior y rodeada de basura. Apenas unos metros de arena llena de plásticos y niños defecando la separan de un mar que en septiembre de 2020 le robó todas sus pertenencias y la convirtió en una sin techo. “Dormía cuando el agua atravesó la pared rompiendo los ladrillos. Recuerdo que agarré a mis nietos y salí corriendo hacía el colegio. Estaba muy asustada”, rememora.
Las mismas olas que ya han dejado sin hogar a miles de residentes amenazan con sepultar West Point, el mayor barrio chabolista de Monrovia. Aquí viven, según los datos del último censo (2008) cerca de 35.000 personas, aunque las autoridades estiman que la cifra actual ronda las 80.000. Un vecindario de casas tan juntas que a veces hay que pasar de lado. Un lugar donde la pobreza y la droga inundan de preocupaciones la vida de familias ahogadas por el mar y la basura. Por eso, la Administración había anunciado que el pasado otoño comenzaría la construcción de un muro que protegerá el asentamiento de la costa, aunque la letra pequeña del proyecto revela que, de cumplirse, las obras empezarán a finales de 2022.
“Si no hacen algo pronto, el desastre será peor. Durante la temporada de lluvia, el río se desborda por un lado, y el mar empuja desde el otro”, lamenta Daniel S. Grant, presidente de la Disaster Victims Association (DVA). La organización nació en 2014 tras una de las inundaciones que dejó a cientos de personas sin casa. Ahora, representan a 4.081 afectados por la erosión del mar en esta pequeña península de Liberia. La ONG trata de ser el enlace entre los perjudicados y la Administración, aunque desde la salida de la expresidenta Ellen-Johnson Sirleaf y la llegada al poder de George Weah (2017) no han recibido respuesta alguna. Son cuatro años enviando cartas a través del representante del distrito. Cuatro años escuchando a hombres y mujeres desesperados que acuden diariamente a la sede porque no tienen otro sitio en el que resguardarse del duro sol que castiga el asfalto.
El otro gran problema al que se enfrenta este asentamiento es la gestión de los residuos. Es costumbre aderezar los desechos, botellas y heces de la playa con arena para ganar metros de tierra y volver a construir durante la temporada seca. Una práctica insalubre que condena a West Point a un boomerang de destrucción sin fin. Cuando la marea baja, edifican. Cuando sube, lo pierden todo.
Con una población similar a Toledo o Fuengirola, no existe un solo contenedor en el que depositar la basura y la estrechez de la única carretera impide el acceso de camiones. La situación ha llevado a los dos gobiernos de una joven democracia nacida 2005 tras dos guerras civiles a plantear el desmantelamiento del barrio, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. “El desarrollo urbanístico es inexistente. No hay baños, institutos, alcantarillado… Pero hay que entender que las personas quieren quedarse, o incluso regresan, porque tienen su economía allí. No hay solución en el corto plazo”, lamenta Francisco M. Juárez, director de Cities Alliance, consorcio mundial alojado en Naciones Unidas que lucha contra la pobreza urbana, en Liberia.
Situado entre el mar y el centro de la ciudad, el slum es un emplazamiento idóneo para una comunidad formada por pescadores y vendedores ambulantes. El coste en transporte es prácticamente inexistente y evita, también, la necesidad de congelar el pescado. Una opción, considera Juárez, sería desarrollar negocios en otros lugares de la ciudad. Un proyecto que necesita décadas para que la población interprete las nuevas localizaciones como una oportunidad. Con un presupuesto nacional que no alcanza los 500 millones de euros, no parece que la administración vaya a decantarse por esa alternativa.
“Si no tienen carretera, hospitales y un empleo con el que ganarse la vida, está claro que siempre encontrarán la manera de volver. El Gobierno necesita darse cuenta de que reubicar va de la mano de potenciar los servicios básicos”, expone Andrew Senjovu, especialista de seguimiento y evaluación en Cities Alliance.
[Este contenido procede de El País. Lee el original aquí]

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