España aprueba su Estrategia de Desarrollo Sostenible

El Gobierno ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible, una herramienta para que España cumpla con los objetivos de la Agenda 2030. El texto ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros este martes y se presentará en Naciones Unidas en el marco del segundo Examen Nacional Voluntario al que se someterá nuestro país durante el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible del próximo mes de julio. «Esta estrategia viene a reafirmar el compromiso de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030, que conforma el acuerdo internacional más ambicioso al que se ha llegado jamás», ha señalado el Ejecutivo que ha definido el plan como «la hoja de ruta de este Gobierno para trabajar en la reconstrucción».
Casi seis años después de asumir los compromisos de la Agenda 2030 junto a 192 países, la estrategia pretende marcar la senda para alcanzar en  esas metas en los próximos diez años, para “que mejoren la vida de las personas, el entorno natural y su relación con el mismo, así como fortalecer las instituciones y servicios públicos” La estrategia, que “convierte las grandes palabras en políticas concretas”, ha contado con la participación de comunidades, ayuntamientos, movimientos sociales, sector privado y del conjunto de la ciudadanía, con la intención de que sea asumida por los distintos gobiernos hasta 2030.

Retos: vivienda, pobreza, desigualdad y servicios públicos

La estrategia señala ocho retos y las políticas que han de ponerse en marcha para afrontarlos: el derecho a la vivienda, la lucha contra la pobreza energética, cerrar la brecha de la desigualdad de género, la precariedad laboral, la crisis de los servicios públicos o la situación del medio rural. Con este documento, España rendirá cuentas ante Naciones Unidas sobre los progresos realizados desde que en 2015 se asumieron los compromisos y las medidas para acelerar su cumplimiento dentro de una década.
Entre los desafíos recogidos en el documento, están la pobreza y la desigualdad; la emergencia climática y ambiental; la brecha de la desigualdad de género y la discriminación; las ineficiencias del sistema económico; la precariedad laboral; la crisis de los servicios públicos; la injusticia global, las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos; y la situación del medio rural, entre otros.
El documento aborda la necesidad de construir un país que “respete los límites del planeta, o que asegure vidas libres y seguras para todas, cerrando las brechas de desigualdad y de discriminación, erradicando las violencias machistas para siempre y garantizando el reparto justo y la corresponsabilidad del Estado en el sistema de cuidados”.
Apuesta por un nuevo modelo económico y productivo verde, digital y justo; plantea una transformación del sistema productivo que apueste por pymes y autónomos, por la Ciencia e Innovación, y por la protección del deporte y la cultura. También garantiza la calidad y la estabilidad en el empleo, estableciendo dichas bases en las modalidades de contratación, apoyar la negociación colectiva y regular las disposiciones necesarias para asegurar el trabajo decente.
Según el Ejecutivo, la estrategia “dibuja un proyecto de país que garantice que nadie se quede atrás” y que “asegure una buena vida a la gente, una vivienda digna, servicios públicos dignos, disfrutar de la diversidad y la naturaleza y una vida libre de violencia”. El plan también se centra en la transición ecológica que será «justa y valiente». La estrategia se presenta como “una herramienta sólida de país, no de Gobierno”, para ayudar a cumplir los compromisos asumidos en la Agenda 2030 e impulsando la reconstrucción tras la pandemia.
[Esta noticia fue publicada originalmente en El Ágora. Lee el original aquí]


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