El derribo del antiguo cuartel de la Guardia Civil en Arcos de la Frontera ha provocado un considerable volumen de escombros, de todo tipo, que han sido vertidos a una vaguada por donde discurre un arroyo. La antigüedad de esta construcción hace presumir la presencia de derivados de fibrocemento, muy empleado en las edificaciones de la época de construcción del cuartel. Además pueden estar presentes otros residuos potencialmente peligrosos, como el cancerígeno amianto. Aunque este extremo no ha podido ser comprobado ya que los escombros han sido arrojados en una finca privada y cubiertos con tierra vegetal, lo que, según AMA Natura-Ecologistas en Acción, ha impedido una identificación visual de los restos. Siendo este otro indicio más de la ilegalidad del vertido.
Los residuos inertes y/o potencialmente peligrosos deben ser arrojados en vertederos autorizados y homologados. Además la obra debe cumplir el artículo 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010), relativo a la señalización, información y publicidad de las obras […], lo que constituye otra posible irregularidad que se ha podido cometer.
AMA Natura-Ecologistas en Acción ha puesto estos hechos en conocimiento de las administraciones y autoridades pertinentes, aportando las pruebas gráficas y testimoniales correspondientes. Ya que, como manifiesta taxativamente el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare». Estas administraciones son las que deben investigar las responsabilidades que correspondan.
Ya que el promotor del derribo es el propio Ayuntamiento, la asociación ecologista exige que “el máximo representante investigue los hechos e informe a la ciudadanía de los resultados”, concluye la entidad ecologista.
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