El Gobierno tiene lista su primera Estrategia de Economía Circular, que busca mejorar el aprovechamiento de los recursos para reducir el uso de materias primas. La estrategia, cuyo borrador está a punto de salir a información pública, incluye un plan inicial de actuaciones para el periodo 2018-2020, que acarrearán un gasto de más de 836 millones de euros. El 57% de ese presupuesto se empleará en actuaciones relacionadas con la reutilización de aguas residuales.
No hace falta hacer muchos números para concluir que el modelo económico reinante desde la Revolución Industrial —extraer, producir, consumir y tirar— no se podrá sostener en el futuro. La ONU calcula que para mediados de siglo la población mundial rondará los 9.100 millones de personas. “Con las cifras de población estimadas para 2050, harían falta casi tres planetas Tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales”, apunta el borrador de la Estrategia Española de Economía Circular.
Básicamente, la idea que inspira esta estrategia —la primera con la que contará España y que tiene como horizonte 2030— es la que manejan distintos organismos desde hace años: pasar del modelo económico lineal (basado en la extracción de recursos) a uno circular (potenciando su reutilización). La estrategia, que se alinea con la que aprobó en 2015 la Comisión Europea, está coordinada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pero participan seis ministerios más. Incluye un plan de acción para el periodo 2018-2020, cuyo presupuesto previsto es de 838,8 millones.
El grueso del presupuesto será para actuaciones de reutilización de aguas, un campo en el que el Estado sigue teniendo las principales competencias frente a las comunidades. El plan prevé que se empleen 478,2 millones para obras de reutilización de aguas residuales —principalmente para la agricultura— que ya están contempladas en los planes hidrológicos. Algunas comunidades autónomas tienen establecidos tributos en materia de residuos, mientras otras carecen de ellos”, señala el texto del plan. “Esta circunstancia puede presentar problemas desde el punto de vista de la unidad de mercado, la libre circulación, la igualdad o el cumplimiento de objetivos medioambientales”, añade. Hace un año, el Gobierno creó dos comisiones de expertos sobre el modelo de financiación autonómica, que también deberán abordar posibles cambios en la fiscalidad. Pero el plan de economía circular ya advierte: “Una fiscalidad en materia de residuos ordenada, coordinada y armonizada con las comunidades resulta una herramienta esencial para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de los residuos y evitar el turismo de residuos que se produce en España”.
El plan también contempla la actualización de varias normas, entre ellas el real decreto sobre los residuos de construcción y demolición. El objetivo es incrementar el uso de este tipo de desechos en la obra pública. Medio Ambiente y Fomento suscribirán un convenio para aumentar el uso de residuos en la construcción de carreteras y puertos y en las obras de Adif. Desde principios de esta década, se han puesto en marcha en España proyectos de recogida de las basuras —principalmente plásticos— que acaban en el mar. El ministerio pretende ahora fijar “un esquema nacional” para esta práctica, que incluirá los criterios para desarrollar esas recogidas —que suelen realizar los pescadores— y una base de datos que ayude a conocer mejor qué tipo de desechos acaban en el mar. Para este “esquema” se empleará un millón de euros; y para instalar puntos de recogida de residuos en los puertos, cuatro millones
Desde el punto de vista de la legislación, la obsolescencia programada no cuenta ni siquiera con una definición oficial en la UE. El pasado año el Parlamento europeo instó a la Comisión a que fije esa definición y a que ayude a los consumidores a acceder a “productos duraderos de alta calidad y que sean reparables”. La estrategia hace alguna referencia a la obsolescencia. Y resalta que el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación cuenta con una línea de actuación para “la promoción de nuevos sistemas de diseño” de productos para fomentar el “alargamiento de la vida útil, la reparabilidad y la reducción de la obsolescencia”. Bajo esta denominación se engloban los productos para la alimentación humana que, por ejemplo, han rebasado la fecha de caducidad. Agricultura tiene planeado modificar la normativa vigente para aumentar la cantidad de “antiguos alimentos” que se pueden destinar a la alimentación animal.
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